PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y OTRAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBERTAD SEXUAL Y LA INTEGRIDAD MORAL EN EL ÁMBITO LABORAL.
¿En qué consiste un protocolo de acoso?
El protocolo contra el acoso es un documento obligatorio para todas las empresas, cuya finalidad es prevenir, actuar y proteger frente a situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, identidad de género u orientación sexual en el entorno laboral. Debe incluir una declaración de tolerancia cero, el compromiso activo de la empresa y un procedimiento claro de actuación.
Aunque puede estar regulado por convenios colectivos, se recomienda que cada empresa lo adapte a su realidad, ya que usar modelos genéricos puede ser ineficaz. Un protocolo bien diseñado e implementado no solo gestiona adecuadamente los casos, sino que también previene su aparición y promueve una cultura de respeto e igualdad.
Declaración de principios
Decálogo de buenas prácticas
Glosario de términos
Procedimiento estandarizado de actuación
Medidas sancionadoras y correctoras
Acciones preventivas
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En InCor entendemos la importancia de estos valores y trabajamos contigo para desarrollar un protocolo de acoso personalizado que no solo cumpla con las normativas legales, sino que también refuerce una cultura organizacional basada en la integridad, el respeto y la equidad.
¿Es obligatorio tener un protocolo de acoso en la empresa?
Sí, contar con un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo es obligatorio para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector.
La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su Artículo 48.1 y 48.2, establece la responsabilidad de las empresas de promover condicionesde trabajo que eviten el acoso y de actuar ante cualquier manifestación del mismo.
Dicho artículo señala expresamente la obligación de elaborar y aplicar procedimientos específicos para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, así como para canalizar las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto de este tipo de conductas.
Además, estas medidas deben ser negociadas con la representación legal de las personas trabajadoras, e ir acompañadas de acciones de sensibilización y formación en la materia, con el fin de garantizar entornos laborales seguros y respetuosos.
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